Las empresas están realizando reestructuraciones de sus plantillas ante el temor a que se produzcan cambios en la regulación laboral en los próximos meses.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las empresas aceleran ajustes de plantilla ante el temor a una reforma laboral

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Desde las elecciones del 20D se prepara una avalancha de ERE, despidos, prejubilaciones y reestructuraciones de empresas que han decidido adelantar sus decisiones por si gobiernan PSOE y Podemos.

Las empresas están realizando reestructuraciones de sus plantillas ante el temor a que se produzcan cambios en la regulación laboral en los próximos meses. Despachos de abogados, directores de Recursos Humanos y fuentes conocedoras de estos procesos aseguran que a partir de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre se está preparando una avalancha de ERE, despidos individuales, prejubilaciones y modificaciones de condiciones laborales de empresas que tenían pensado realizar cambios en sus plantillas en el medio plazo y que han decidido adelantar sus decisiones ante la incertidumbre política y ante la posibilidad de que gobierne el PSOE, que ha prometido derogar la reforma laboral, apoyado por Podemos y otras fuerzas de izquierda. A esto se suma, incluso, que hasta el PP ha anunciado que está dispuesto a modificar la reforma laboral en aras a cerrar un pacto de gobierno o gran coalición con los socialistas.

Así lo cuentan desde Equipo Económico, Baker & McKenzie, Ceca Magán Abogados o Garrigues, que trasladan que se trata de empresas que ya tenían pensado realizar cambios en el medio plazo y que han decidido acometerlos ahora por si se modifica el marco laboral. En el caso de los ERE y despidos que se preparan, las compañías no los están realizando por encontrarse en una situación de pérdidas, sino que obedecen a motivos organizativos y estratégicos, reestructuraciones sectoriales, fusiones o adquisiciones nacionales e internacionales, cuentan las fuentes consultadas.

"Se teme que una de las primeras medidas de un gobierno de izquierdas sería un Real Decreto-ley de derogación de la reforma laboral que volvería a la autorización administrativa en los ERE, con lo que la autoridad laboral dependería del Ministerio de Empleo, que no autorizaría muchos de los Expedientes", explica Esteban Ceca Magán, socio director de Ceca Magán Abogados.

"La misma semana que tomara posesión el nuevo Gobierno de izquierdas se presentaría una avalancha de ERE", augura este abogado, que cuenta que están recibiendo numerosas consultas de empresas que quieren tomar medidas alternativas a un ERE y de otras que plantean un Expediente de Regulación de Empleo propiamente dicho. "En algunas empresas está pesando la caída de la inversión que se augura por la incertidumbre política", añade.

Muchas de las medidas que están tomando las empresas están amparadas por el convenio de empresa y no por el sectorial, cuando el PSOE se ha comprometido a establecer la prevalencia de este último, más protector con los trabajadores, explican Eduardo Peñacoba, socio de Simmons & Simmons, y AlbertoSantos, asociado sénior de Deloitte Abogados. Los socialistas también quieren dar más protagonismo a los sindicatos en las negociaciones. Socialistas y Podemos plantean, además, que se negocien los convenios sólo con los sindicatos, no con el comité de empresa, como en Alemania, y que vuelva la ultraactividad. El PSOE también proyecta una reforma de los contratos y equiparar salarios en las subcontratas.

Estas reestructuraciones se están concentrando en los sectores bancario, energético, infraestructuras y de telecomunicaciones, según detallan las fuentes consultadas. El sector bancario no ha acabado su reestructuración y algunas entidades han decidido acelerar sus decisiones ante la incertidumbre. En el energético pesa la caída del petróleo y los cambios regulatorios. En infraestructuras, los cambios organizativos y estratégicos, mientras que en telecomunicaciones se han producido fusiones y adquisiciones.

Pero hay otros sectores afectados. Altadis, propiedad de Imperial Tobacco, ha anunciado que cesará el próximo 30 de junio la actividad de la fábrica de La Rioja, tras poner en marcha un plan de reestructuración que afectará inicialmente a 471 empleados. El objetivo del plan, según la compañía, es evitar la pérdida de eficiencia y competitividad ante la compleja situación que atraviesa el sector en España y en otros mercados. Fuentes conocedoras de este Expediente apuntan que la coyuntura política ha acelerado estos planes.

Está ultimando ERE Orange. Ayer mismo, Elcogas cerró un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 143 trabajadores que se comunicará hoy. Son muy numerosas las prejubilaciones y bajas incentivadas de mayores de 50 años, que se preparan en Telefónica, de unos 1.500 trabajadores, Repsol, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Liberbank o Cajamar.

"ME SOBRA DEMASIADO MES AL FINAL DEL SUELDO"

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DESPLOME DE LOS SALARIOS EN CANARIAS: LA PATRONAL GANA LA BATALLA

CANARIAS SEMANAL

"Gracias a lacrisis ahora se trabaja más por menos salario". Con esta desvergonzada sinceridad se congratulaba el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco,en 2013, por los"efectos positivos"de la  crisis económica en el mercado laboral. 

   "En términos macroeconómicos la productividad del trabajo ha subido en los últimos años y esto es consecuencia de la moderación salarial y de que trabajamos más por el mismo precio, o lo que es lo mismo, trabajamos por menos dinero, pero el mismo tiempo"  -aseguraba Francisco en una entrevista concedida a un diario de la provincia occidental.

        De esta manera, el portavoz del lobby empresarial venía a reconocer cuál es el verdadero y primordial objetivo de la contrarreforma laboral: Reducir al mínimo el coste de la fuerza de trabajo, tanto por la vía de los salarios directos como de los indirectos. O dicho en román paladino, imponer una masiva transferencia de la renta de los asalariados hacia el gran capital. Propósito facilitado no solo por la legislación vigente sino también por la existencia de unejército de mano de obra de reserva compuesto por casi 5 millones de trabajadores.

       El pasado 2015, el Banco de España confirmaba que los salarios en el Estado español han caído el doble de lo registrado por  las estadísticas del INE, dado que los datos oficiales no habían tenido en cuenta que “la crisis se ha cebado con el empleo de peor calidad”.

          Los expertos del Banco de España estiman que la media de la bajada de las retribuciones en el conjunto del Estado, entre 2010 y 2013, rondó un 4%.Una disminución que ha afectado de manera especialmente significativa aCanarias, cuyos salarios solo están por encima de los de Murcia, Andalucía y Extremadura.

   El Archipiélago, en efecto,  se encuentra en el grupo de cola en el ranking salarial de España, junto con Murcia, con 15.746 euros (-3,8%); Andalucía,donde el promedio asciende a 14.759 (-4,6%); y Extremadura, con 13.692 euros (-6,6%), según la radiografía de empleos y salarios de la Agencia Tributaria, que, en general, se aproxima bastante a los números que maneja elBanco de España.

   El sueldo medio en Canarias se situó en 2014 en 16.000 euros al año, según las últimas cifras de la Agencia Tributaria. Alrededor de 1.158 euros repartidos en doce mensualidades y dos pagas extra, incluidos todos los conceptos ligados al sueldo.

SALARIOS DE MISERIA PARA LOS JÓVENES

   Las medias, sin embargo, con su compensación entre los sueldos más altos y los más bajos, no reflejan la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y peor pagados. Y, particularmente, el efecto de la regresión salarial entre los jóvenes isleños.

   Así, los canarios situados entre los 26 y los 35 años, que representan un 27% de los asalariados del Archipiélago, arrastran una caída del 6,09% en sus percepciones, hasta los 12.996 euros (841 euros menos en dos años).

   Entre los 18 y 25 años, que representan el 9% de los asalariados canarios, la disminución salarial es aún más pronunciada, alcanzando el 11,26%. Y ello a pesar de que el salario medio para este grupo de edad es de 456 euros (con 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias). Es decir, que ronda la mitad de los sueldos percibidos por los siguientes en la franja de edad.

   En total, la población empleada del Archipiélago de entre 18 y 35 años cobra unos 825 euros menos que hace dos años, con una reducción del 8,6%. Se trata de una disminución cuatro veces superior al recorte medio de las nóminas de las Islas, ya que, según los cálculos del Banco de España, el conjunto de los canarios perciben hoy un 1,8% menos que en 2010. 292 euros menos de ingresos.

   Estos datos, obviamente, se refieren a los jóvenes no incluidos en el 60% de desempleados. Una masa de parados que el empresariado autóctono puede utilizar a placer, para “persuadir” a quiénes demandan un empleo de que es “mejor aceptar el minijob”, con salario de miseria, que continuar incluido en las interminables listas del INEM.

   Un panorama que permite entender las públicas manifestaciones de satisfacción de los voceros de la patronal, por los resultados “beneficiosos” de la crisis económica.

La trabajadora de CCOO despedida, se pregunta: "¿Cómo se van a presentar ahora a defender a trabajadores en ningún sitio, después de hacer ésto?" - CCOO contesta: “Este tipo de decisiones nos duelen, pero nos vemos obligados", argumentaron

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CCOO DESPIDE A UNA TRABAJADORA TRES HORAS DESPUÉS DE HABER SIDO READMITIDA CANARIAS SEMANAL Según relató este fin de semana el digital de Jaén, ideal.es, la dirección del sindicato amarillo CCOO de esa localidad despidió a una empleada tres horas después de que esta fuera readmitida por una sentencia dictada por un tribunal laboral.       En efecto, Rosario P.Q., tuvo apenas la oportunidad de reincorporarse a su puesto de trabajo por tan sólo tres escasas horas, después de que el pasado 8 de enero un juez dictara una sentencia que calificaba como improcedente el despido del que había sido víctima.       Rosario P.Q. que había trabajado en CCOO durante los últimos 25 años, llegó a la oficinas del sindicato  en Jaén  a las 8:30 de la mañana. Como correspondía, se sentó en su mesa, después de saludar a todos sus antiguos compañeros .Y sin más, comenzó su tarea laboral con la  revisión de los papeles que tenían su mesa.  Apenas habían transcurrido un poco más de tres horas cuando a las 11:30  de la mañana,  le comunicaron que estaba nuevamente despedida.        Rosario no salía de su asombro. “Es increíble”, manifestó a los medios de comunicación con una extraña combinación de pesadumbre e irritación “La verdad es que todavía me resulta difícil de creer. Tratan de saltarse a la torera la sentencia que les obliga a readmitirme o  pagar una indemnización de 45.000 euros. Y que esto lo haga un sindicato que tiene que luchar por los trabajadores no es de recibo".          Según cuentan  letrados con experiencia en la jurisdicción social, este caso no tiene precedentes en la localidad. La misma afectada - que durante cinco lustros batalló en los tribunales como graduada social defendiendo a trabajadores en nombre de CCOO -  asegura que sólo en una ocasión se enfrentó a un caso similar. "Alguna vez he visto que a la semana o al mes de la readmisión se busquen cualquier excusa y despidan de nuevo con una nueva causa. Pero a mi me vuelven a despedir con una carta prácticamente igual que la primera", dice enojada.      El primer despido le llegó a Rosario en agosto. "Sucedió justo el día que cumplía 25 años trabajando para el sindicato, encontrándome en plenas vacaciones ", rememora.       No consta en el procedimiento que en ese tiempo Rosario incurriera en ninguna falta disciplinaria o infracción. CCOO echó a otros nueve graduados sociales en varias provincias andaluzas, en el contexto de una serie de despidos efectuados en los últimos años y después de un ERE.        El despido le llegó a Rosario sin el mínimo que permite la reforma laboral, a la que, por cierto, se ha opuesto CCOO: 20 días por año trabajado de indemnización. La trabajadora los demandó y consiguió que su despido fuera declarado improcedente.        La sentencia, favorable a la trabajadora, argumenta que el despido no había sido correctamente notificado a la delegada sindical, y que no se había justificado las causas objetivas alegadas para echar a esa trabajadora en concreto. Quiza sea eso ahora lo que el sindicato amarillo quiere preparar.          La empresa podía elegir entre readmitir a la trabajadora o añadir a la indemnización mínima legal ya abonada otros 45.000 euros, que le marcaba la sentencia judicial para zanjar el despido. El sindicato optó por la primera opción. EL SINDICATO SE "JUSTIFICA"          La sentencia fue notificada a las partes en torno al 20 de diciembre pasado, y el 5 de enero una carta del CCOO informó a Rosario de que la esperaban a las ocho y media de la mañana del día 8.        Ella se presentó y a las tres horas se encontró con que estaba de nuevo en la calle. "¿Cómo se van a presentar ahora a defender a trabajadores en ningún sitio, después de hacer ésto?", se preguntaba atónita.          Por su parte, la justificación esgrimida por el sindicato amarillo no pudo ser más detestable. “Este  tipo de decisiones  nos duelen pero  nos vemos obligados por la situación actual, que nos hace reorganizar la asesoría jurídica, tanto por motivos económicos como porque la reforma laboral ha hecho variar la situación y tenemos que adaptarnos a la nueva situación", dijeron.

Consideran que la imposición del descanso de dos días, es una mera cortina de humo para ocultar su falta de voluntad para acabar con la explotación ilegal de licencias por parte jubilados y viudas.

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Los asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria acusan al Ayuntamiento de continuar con la política vejatoria para el sector del taxi

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Entrevista María Eugenia García

Los asalariados del taxi de Las Palmas
de Gran Canaria acusan al ayuntamiento de mantener la política de ineptitud de la anterior corporación del Partido Popular.

Tras la decisión, por parte del consistorio, de regular dos días libres de descanso a la semana, los asalariados critican que no se les ha consultado.

La Presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, considera que el ayuntamiento una vez más está tratando de poner una “cortina de humo” regulando supuestamente en defensa del sector, pero sin abordar en profundidad el verdadero problema del taxi en la capital grancanaria.

Acusa al ayuntamiento de mantener una política continuista y no actuar donde verdaderamente se está produciendo una flagrante injusticia e irregularidad.  “En Las Palmas de Gran Canaria hace más de 25 años que no se conceden licencias de taxi y esto es una aberración”, asegura la Presidenta de los Asalariados, que añade que la ciudad ha crecido en población y en magnitud y es incomprensible que mientras esto ocurra, el Cabildo esté dando autorizaciones a coches privados con la excusa de que hay un servicio que cubrir.

Mientras, denuncian que el consistorio permita que jubilados y viudas de taxistas sigan explotando ilegalmente licencias. Una situación que califican como vejatoria para el conjunto del sector.

El alcalde por su parte declaraba en Radio San Borondón este lunes que se trata de igualar la capital grancanaria al resto de grandes ciudades que ya tienen regulado el sector  considerando el derecho de los trabajadores del taxi al descanso.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN - La Corte afirma que, al condenar penalmente al letrado, se vulneró su libertad de expresión

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Estrasburgo ampara a un abogado que injurió en un escrito a una juez

ECOLEY

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar a un abogado que fue condenado por injurias contra una juez, por unos comentarios realizados en un escrito presentado en el marco de un procedimiento judicial. Según la sentencia europea, el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión del letrado, recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El abogado, en su escrito acusó a la juez de haber distorsionado deliberadamente la realidad, afirmó que había mentido sin vacilar e, incluso, aseguró que había emitido un informe falso con información falaz y maliciosa.

El letrado fue condenado por estos comentarios a una pena de multa de 30 euros al día durante nueve meses, y una pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.

La sentencia argumentó que había dañado gravemente el honor de la magistrada y que, con sus palabras, había ido mucho más allá del legítimo derecho a la defensa, cayendo en la utilización del insulto y la injuria.

Después de que las distintas instancias nacionales rechazaran los recursos presentados por el abogado, decidió elevar el asunto ante el Tribunal de Estrasburgo.

Sin equilibrio justo

La sentencia del TEDH, sin embargo, determina que la condena al letrado por parte de la Justicia española supone una injerencia en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En este sentido subraya que, a pesar de que la condena se dictó conforme a la ley nacional y persiguiendo el objetivo legítimo de proteger la reputación y los derechos de un juez -y de manera indirecta, la reputación del Poder Judicial-, la pena fue desproporcionada.

El TEDH considera que es perfectamente aceptable castigar una conducta como la descrita en los hechos. Sin embargo, a pesar de lo serio y descortés de los términos utilizados, el letrado no los utilizó en la sala, sino que fueron expresados por escrito y sólo el juez y las partes tuvieron conocimiento de ellos.

Sus expresiones, precisa el fallo, se refirieron a la manera en que la juez condujo el asunto y, aunque agresivas, se presentaron en el marco de la defensa de los intereses de su cliente.

Por todo ello, el TEDH considera que la gravedad de la pena impuesta al letrado -pudiendo, incluso, ser privado de su libertad-, puede tener un efecto negativo en situaciones en las que están llamados a defender a sus clientes.

Los tribunales españoles, concluye, no han logrado encontrar un equilibrio justo entre la necesidad de mantener la autoridad del Poder Judicial y la protección de la libertad de expresión del abogado, por lo que condena a España a indemnizar al jurista.

SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUÑA - Estrés laboral

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La Justicia declara como un accidente de trabajo el suicidio de un empleado

EL ECONOMISTA

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha declarado como accidente laboral el suicidio de un empleado de una entidad financiera y, en consecuencia, ha condenado a la mutualidad a pagar una prestación de viudedad y de orfandad a su esposa e hija.

La sentencia de Primera Instancia consideró demostrado que el trabajador se encontraba inmerso en un trastorno psíquico provocado por la apertura de un expediente disciplinario por parte de la entidad financiera para la que trabajaba.

El empleado había revelado unos datos confidenciales, vulnerando así el secreto profesional, lo que podía conllevar su despido e, incluso, suponer la adopción de una acción penal contra él. Cuatro días después de la apertura del expediente, y tras consultar con un abogado las posibles consecuencias de su situación, el trabajador se quitó la vida.

Recursos presentados

Los recursos presentados por la mutualidad y la entidad financiera contra la sentencia del juzgado de lo Social de Barcelona alegaban una interpretación errónea del artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) y la jurisprudencia que lo interpreta.

Argumentaban que el suicidio no aconteció ni en tiempo ni en el lugar de trabajo -se produjo a las 19 horas y la jornada laboral había finalizado a las 15 horas-. Asimismo, no consideraban acreditado que su actividad en la entidad financiera fuera la causa exclusiva de los hechos, y aseguraban que debía tenerse en cuenta el hundimiento psicológico provocado por la visita al abogado.

Estrés laboral

La sentencia del TSJ rechaza, sin embargo, los argumentos de las demandas. Se basa en la presunción de accidente laboral que establece el artículo 115.3 de la LGSS y en la doctrina del Tribunal Supremo (TS) que determina que, a pesar del carácter voluntario que tiene el suicidio, éste "a veces se produce por una situación de estrés o de trastorno mental" derivada de factores relacionados con el trabajo.

El ponente del fallo, el magistrado Sánchez Burriel, considera que "no cabe ninguna duda" del nexo existente entre el trastorno y la angustia que sufrió el trabajador tras la apertura del expediente y la decisión del trabajador.

Además, asevera que las recurrentes no han conseguido demostrar la existencia de factores ajenos al ámbito laboral que hubieran "actuado como agentes coadyuvantes de la decisión del causante" -que hubieran desactivado la presunción del artículo 115.3 de la LGSS-, ni constan "antecedentes psicológicos que permitan dar otra explicación a lo ocurrido".

Por todo ello, el TSJ catalán concluye que "el juzgador de instancia no produjo la infracción denunciada", rechaza los recursos de la mutualidad y la entidad financiera, y confirma las prestaciones de viudedad y orfandad.

Desde hace tiempo en la contratación de personal por parte de las empresas, se valoran más las habilidades que los títulos a la hora de elegir a los mejores profesionales para cada negocio.

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La contratación de trabajadores centrada en habilidades y no en títulos

http://noticias.infocif.es/

Desde el año 2013 Bill Gates apuesta por esta forma de contratación, ya que entiende que de no utilizarse se puede dejar de contratar a personas que realmente pueden aportar mucho valor a las empresas, con independencia del título que posean. Además, se pasaría por alto la contratación de personas que no han podido acceder a la universidad por motivos económicos y que sin embargo tienen grandes conocimientos y habilidades muy importantes.

De hecho, Innovate+Educate, socios de la Fundación de Bill y Melinda Gates, pusieron en marcha el proyecto denominado “Proyecto nuevas opciones” que trabaja para cambiar la forma en la que las empresas realizan la contratación de trabajadores. Los primeros resultados del proyecto fueron muy alentadores ya que la incorporación de trabajadores por sus habilidades, supuso la reducción del 25-75% en la rotación, la reducción del 50-70% en el tiempo necesario para contratar y la reducción del 50% en el tiempo de formación del trabajador. En definitiva, la contratación basada en habilidades demostró ser mucho más efectiva que la basada en títulos.

¿Cuáles son las habilidades más demandadas actualmente?

La contratación por habilidades va demostrando poco a poco su eficacia en la selección de recursos humanos para las empresas, pero es importante saber qué habilidades son las más demandadas por las empresas actualmente, qué es lo que más se valora en el momento de elegir a un trabajador. Según los datos publicados por la revistaForbes, algunas de las habilidades más buscadas por las empresas son las siguientes:

Trabajo en equipo. Se da una gran importancia a la habilidad de trabajar en conjunto con otras personas, compartir ideas y aprender a distribuir el trabajo y a hacer conjuntamente las tareas.

Resolución de problemas. Se valora muy positivamente a los candidatos que son capaces de aportar soluciones a los problemas, para evitar incidentes durante el desarrollo de trabajos en la empresa.

Comunicación eficaz. Las empresas prefieren profesionales que tengan la capacidad de comunicarse adecuadamente con otros trabajadores dentro de la empresa y con terceros ajenos a la empresa (proveedores, clientes etc.).

Conocimientos técnicos relacionados con el trabajo. Una vez conocida la teoría llega el momento de aprender a poner en práctica los conocimientos que poseemos, por lo que las empresas valoran mucho la experiencia que tengan los trabajadores en relación al trabajo que van a desarrollar.

Organización de tareas. Aquellos empleados que sepan planificar sus tareas y dar prioridad a las tareas más importantes, serán muy bien valorados por las empresas.

Habilidades en ventas y marketing. Saber dar una imagen de empresa y gestionar bien dicha imagen es un aspecto muy importante para las empresas, puesto que aunque la actividad directa del trabajador no sea la venta, estará integrado en la estrategia de la imagen corporativa de la empresa.

Análisis de información. Otra de las habilidades más valoradas es el análisis de información, entendida como la capacidad de seleccionar los contenidos de interés y procesarlos adecuadamente.

Air Europa cobra 60 euros por cada entrevista de trabajo, denuncia el sindicato USO

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¿Pagar por una entrevista laboral?

EL ECONOMISTA

La sección sindical de USO en Air Europa ha denunciado la práctica que está llevando a cabo Aeronova, compañía que ha sido adquirida por la aerolínea del grupo Globalia y cuyo nombre será Air Europa Express, de imponer el pago de 60 euros para poder acceder al proceso de selección para puestos de tripulantes de cabina (TCP).

En un comunicado, el sindicato indica que sin este resguardo no se procederá a la evaluación del aspirante en el proceso de selección que se llevará a cabo el próximo 12 de enero en un establecimiento hotelero de Valencia.

Air Europa Express contratará a 100 pilotos y 150 tripulantes de cabina (TCP) para la puesta en marcha de esta filial, cuyo proceso de selección ha encargado a una compañía externa especializada, .

USO ha manifestado "más enérgica y rotunda protesta" ante lo que supone "un abuso impuesto" a los candidatos a un puesto de trabajo como TCP en la nueva aerolínea de bajo coste del grupo Globalia, que mantendrá la dirección en Valencia aunque su base estará en Madrid.

El sindicato señaló que ante la precarización del mercado laboral, con más de 4 millones de parados, y más de un 20% de su población activa en paro, es "claramente una medida infame y abusiva" que contribuye a dificultar aún más el acceso al trabajo.

La pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida pero no como hora extra.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La pausa del bocadillo debe ser retribuida

EL ECONOMISTA

La pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida como una compensación adicional, aunque no como si fuese hora extra según la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La resolución dada a conocer este martes por el Tribunal Supremo estima un recurso de Adif contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los periodos de descanso por refrigerio -de entre 20 y 30 minutos- que no pueden disfrutarse debían considerarse y pagarse como horas extraordinarias, ya que aumentaban la jornada ordinaria de trabajo de los empleados que no lo disfrutaban.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Fernando de Castro, el Supremo explica que el tiempo de bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido "no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable".

En el caso de Adif, debe aplicarse la normativa laboral de Renfe que ya existía, cuyo artículo 197 prevé una compensación para quienes utilicen ese descanso.

Jornada de Adif

La sentencia del Supremo discrepa de la dictada en febrero de 2014 por la Audiencia Nacional y señala que tal exceso no puede ser calificado ni retribuido como hora extraordinaria en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido y retribuido en la jornada anual colectivamente pactada que en el caso de Adif son entre 1720 y 1728 horas.

Es decir, según el alto tribunal la hora del bocadillo es un periodo de descanso no disfrutado pero que entra dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente. Por ello le corresponde, además de la retribución ordinaria incorporada al sueldo mensual por tener la pausa la consideración de tiempo efectivo de trabajo, una retribución complementaria, pero que no es jornada extra.